Alquiler indefinido: ¿quién paga la fantasía?

Copiar los alquileres indefinidos de otros países sin copiar su parque público, sus cooperativas y su financiación no es una solución: es trasladar el problema al propietario particular.

Llevo días escuchando el mismo argumento: «En otros países europeos los alquileres son indefinidos y no pasa nada». Se dice con una naturalidad pasmosa, como si bastara copiar una línea de una ley extranjera y pegarla en el BOE para que aparezca, por arte de magia, un sistema de vivienda estable, justo y sostenible.

Llevamos días inmersas en la vorágine de amoralidad que nos ha dejado el desahucio de una anciana por parte de un fondo buitre, y todavía estamos estupefactas. Y sobre ello hablé hace un par de días y reafirmo cada palabra: la seguridad jurídica no puede utilizarse para arrojar a una persona vulnerable a la calle y proteger la rentabilidad de quien acumula cientos de inmuebles.

Precisamente por eso hay que distinguir. Un fondo que reúne cientos o miles de viviendas y un particular que alquila un único piso no ocupan la misma posición, no tienen el mismo poder ni deberían recibir idéntico trato. Meterlos en la misma categoría de propietario borra una desigualdad que cualquier política de izquierdas debería tener en cuenta.

Pero casi nunca se hace la pregunta incómoda: ¿quién sostiene ese sistema?

Porque un contrato indefinido no flota en el aire. Necesita una estructura debajo. Necesita parque público, vivienda social, cooperativas, asociaciones de vivienda, fondos de financiación, seguridad jurídica, incentivos, equilibrio entre derechos y obligaciones, y una administración capaz de sostener el modelo durante décadas.

En Países Bajos, el alquiler asequible no descansa únicamente sobre pequeños propietarios particulares: aproximadamente el 75 % de sus tres millones de viviendas de alquiler pertenece a asociaciones de vivienda. En Austria, una parte central del modelo son las entidades de lucro limitado, que gestionan una parte muy importante del parque social y asequible. La OCDE explica que estas asociaciones representan más de dos tercios del parque social y asequible austríaco.

En Alemania, donde el alquiler indefinido existe, tampoco significa que el propietario pierda para siempre toda capacidad de recuperar su vivienda. El Código Civil alemán permite resolver un contrato indefinido si el arrendador acredita un interés legítimo, por ejemplo necesidad propia o familiar, incumplimientos del inquilino o perjuicio económico relevante; lo que no permite es echar al inquilino solo para subir la renta.

Es decir: esos modelos tienen reglas fuertes, sí. Pero también tienen arquitectura. No son simplemente: «propietario particular, aguanta tú».

España, en cambio, tiene un parque público y social de alquiler muy pequeño. La base de vivienda asequible de la OCDE sitúa el alquiler social español en aproximadamente el 1,2 % del parque total de vivienda, frente al 34 % de Países Bajos y el 23 % de Austria. La diferencia no es un matiz: es la estructura que permite sostener políticas de alquiler mucho más estables.

Y ahí está el problema.

No se puede importar el nivel de protección de sistemas mucho más maduros sin importar también su financiación, su parque público, sus operadores especializados y sus contrapesos. No se puede pedir a pequeños propietarios que funcionen como si fueran una administración pública, una cooperativa vienesa o una asociación de vivienda neerlandesa, mientras siguen pagando hipoteca, IBI, comunidad, derramas, reparaciones, seguros y riesgo de impago.

Porque entonces no estamos construyendo un sistema de vivienda. Estamos trasladando una política pública al bolsillo de particulares.

Y sí, los inquilinos necesitan protección. Por supuesto. Una vivienda no es un capricho ni un bolso de lujo. Nadie debería vivir con miedo permanente a que le dupliquen la renta de un mes para otro o a tener que abandonar su barrio porque el mercado ha decidido expulsarlo.

Defender al inquilino no exige tratar a todo propietario como un especulador. Precisamente desde una posición de izquierdas, una política social debe distinguir entre quien posee una vivienda y quien acumula cientos, repartir responsabilidades y sostenerse con recursos públicos.

Pero proteger al inquilino no debería significar convertir al propietario pequeño en el único dique de contención de una crisis que no ha creado él solo. Especialmente cuando muchos firmaron contratos sujetos a unas reglas, con una duración determinada y unas expectativas jurídicas que ahora pueden dejar de respetarse. Cambiar esas reglas a mitad de partido puede resolver un titular, pero también puede romper la confianza de quienes todavía alquilaban vivienda de larga duración.

Y cuando eso ocurre, la reacción es previsible: algunos venderán, otros retirarán pisos del alquiler, otros subirán mucho el precio inicial para cubrirse, otros preferirán no alquilar nunca más. No porque todos sean especuladores, sino porque nadie quiere quedarse atrapado en una relación jurídica indefinida cuyo coste no controla.

El debate serio no es «inquilinos contra propietarios». Ese marco es cómodo, pero tramposo. El debate serio es este: si queremos alquiler estable, ¿quién lo financia, quién lo gestiona y quién asume el riesgo?

Si la respuesta es «el Estado, los ayuntamientos, los operadores públicos, las cooperativas, las entidades sin ánimo de lucro y una política sostenida de vivienda», entonces hablamos de un modelo.

Si la respuesta es «el propietario particular que alquiló su piso hace cinco años», entonces no hablamos de un modelo. Hablamos de cargarle a alguien una responsabilidad que debería ser colectiva.

La vivienda necesita regulación. Sí. Pero también necesita honestidad.

Y la primera honestidad es esta: copiar la apariencia de un sistema europeo sin copiar sus cimientos no es política de vivienda. Es decorado.

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